Desde la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) manifestamos nuestro enérgico repudio a las irresponsables expresiones de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, con respecto a la libre portación de armas de fuego. Sus palabras textuales, en declaraciones a la prensa, fueron: “el que quiera estar armado, que ande armado”. Ayer, lejos de retractarse y dando rodeos, la ministra ratificó sus dichos.
Consideramos que por su investidura -nada menos titular de la cartera que debe encargarse de velar por la seguridad de todos los argentinos- esas expresiones cobran un sentido peligroso, además de mostrar una confusa interpretación de las normativas existentes en cuanto a portación de armas en nuestro país. Lejos de llamar al orden, sus dichos no hacen más que introducir discordias a la sociedad e instigar a la mal denominada “justicia por mano propia”.
Creemos con firmeza que son el Estado y el Gobierno –este último aplicando políticas de seguridad serias y responsables, y no represivas-, las instituciones desde donde deben emanar las acciones tendientes a mejorar las condiciones de seguridad de la sociedad, en base a educación, trabajo e inclusión social.
Contrariamente, desde su asunción, este Gobierno no hace más que desfinanciar las áreas de la Educación, Salud y Ciencia y Tecnología, y degradar las instituciones del Estado vitales para que nuestro país crezca en base al desarrollo.
En otros tiempos que pensamos que ya no regresarían, fue la misma Patricia Bullrich -entonces ministra de Trabajo de De la Rúa- quien recortó un 13 por ciento al salario de los trabajadores estatales. El año pasado, ya a cargo de la cartera de Seguridad, fue también Bullrich la responsable de los operativos de la gendarmería nacional en los que ocurrieron las muertes de Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel.
En estos últimos tiempos vemos cómo el Gobierno aplica políticas de ajuste, de la mano (otra vez) del Fondo Monetario Internacional, a costa de pérdida de derechos y empeoramiento de las condiciones para los trabajadores. Y ese plan sólo puede aplicarse con represión a las protestas populares.
A la luz de todo esto, los dichos de la ministra contribuyen a sembrar en la opinión pública el discurso de la “mano dura” para justificar el uso de la represión.
Lo que el Gobierno Nacional busca no es otra cosa que un Estado militarizado para aplacar la protesta contra las políticas económicas neoliberales del Fondo Monetario Internacional.
Como argentinos, como trabajadores y como docentes universitarios, no podemos permitir que se instaure un Estado represivo, ni que se apliquen a fuerza de represión políticas económicas y sociales que beneficien a unos pocos y perjudiquen a la mayoría de los argentinos.
