En un claro fallo político, el pasado 12 de julio, el juez Sergio Moro condenó sin pruebas, a nueve años y medio de prisión al ex presidente de Brasil, Lula Da Silva, continuando así con la destrucción de la democracia brasilera, maniobra que comenzó en agosto de 2016, cuando la entonces Presidenta, Dilma Rousseff, sucesora de Lula, fue sometida a un juicio político y vergonzosamente destituida en un golpe parlamentario, refrendado por el poder judicial brasileño.
Se trata de una condena de neto corte político, cuyo claro objetivo consiste en destruir un proyecto de país que, de la mano de Lula Da Silva y de Dilma Rousseff, había generado grandes logros y conquistas para los trabajadores brasileños. Pero ahora, de la mano de Temer, la derecha avanzó recortando la inversión pública en salud y educación, y aprobando en el Senado, en nombre del sacrosanto ajuste, una reforma laboral profundamente regresiva, que retrotrae al trabajador a condiciones laborales semiesclavistas, previas aún a las reformas ciudadanas de Getulio Vargas, de la década del 50 del siglo pasado.
Y no es casualidad que suene familiar el intento de la derecha por proscribir a través de artilugios judiciales a quien lidera las encuestas camino a las elecciones presidenciales del 2018 en Brasil. No debemos mirar tan lejos las estrategias por destruir los logros populares en nuestra región, cuando con sólo asomar la nariz vemos la persecución judicial y mediática que la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como su familia, están sufriendo en nuestro propio país.
