La Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) exhibió su preocupación por la falta de progreso en la investigación y búsqueda de Santiago Maldonado.
Este no es el primer organismo de Derechos Humanos que manifiesta su inquietud por la situación en la que se encuentra dicha investigación: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU ya se habían expresado, instando al Estado argentino a adoptar las medidas necesarias para resolver la situación.
Mientras tanto, desde el Gobierno Nacional han instalado en redes sociales y por distintos medios masivos de comunicación información inexacta, intentando criminalizar a la víctima, y pergeñando un sistema en el que la postura político-partidaria de la familia de un ciudadano argentino desparecido en democracia deslegitimaría el justo reclamo por el conocimiento de su paradero.
Además, durante las últimas 5 semanas, se han encargado de hacer circular diferentes rumores vinculados a la desaparición de Santiago, intentando de esta manera desligar a Gendarmería de su posible responsabilidad en el hecho. En este punto, es importante aclarar que las Convenciones a las que nuestro país subscribe establecen claros parámetros para llevar una investigación sobre este tipo de sucesos, y en especial cuando hay posibles señalamientos de la participación de la fuerza pública.
Lo cierto es que Santiago Maldonado desapareció hace más de un mes, en la provincia de Chubut, mientras apoyaba un reclamo Mapuche, cuando el Estado Nacional dio la orden de reprimir dicha manifestación. El principal indicio en la investigación sobre su paradero ubicaría a Gendarmería como responsable de su desaparición.
Es obligación del Estado argentino poner a disposición todos los elementos necesarios para averiguar el paradero de Santiago Maldonado o conocer con certeza qué ocurrió con él.
Es obligación del Estado argentino responder por su desaparición, en tanto y en cuanto una fuerza nacional participó en el momento en que sucedió.
Santiago no es política partidaria, ni una oveja negra, ni parte de un complot para derrocar ningún gobierno. Es un ciudadano argentino desaparecido en democracia durante el metódico accionar represivo de otra fuerza más del Estado, ordenado por el Gobierno Nacional.
Cuando el Gobierno deja en llano el camino para que sus fuerzas de seguridad intimiden particulares, ocurren estas cosas.
Durante los últimos meses hemos visto fuerzas policiales y militares ingresando a las Universidades y los colegios, interrumpiendo protestas pacíficas y/o el derecho a reunirse libremente de los trabajadores. Los hemos visto portando armas, en algunos casos en actitud desafiante; en varios de los casos incumpliendo con los derechos y garantías que consagra nuestra Constitución y los Instrumentos de Derechos Humanos firmados por nuestro país que ostentan jerarquía constitucional.
El compromiso de un Gobierno con los Derechos Humanos merece indudablemente otra postura.
Los Derechos Humanos no son “un curro” y existen, independientemente de que un Estado los reconozca o no. A Santiago Maldonado se lo llevaron hace 5 semanas vivo, lo queremos vivo.
