Mediante el decreto 669, el Gobierno modificó el parámetro de referencia para el ajuste de los montos de las indemnizaciones por invalidez o deceso de los trabajadores, que deja de ser la tasa de interés del Banco Nación y es reemplazado por la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). De esta manera, los montos a cobrar estarán muy por debajo de los actuales. La medida atenta contra los derechos de los trabajadores y es inconstitucional.
El Gobierno argumenta su decisión en los desequilibrios macroeconómicos que generaron las altas tasas de interés que «han llevado a desnaturalizar los derechos de los trabajadores beneficiarios del sistema».
En una más de las tantas ironías de la actual gestión, esto ocurre a pocos días de la muerte de un obrero durante un derrumbe mientras trabajaba en la terminal aérea de Ezeiza, y luego de que en un acto de campaña prometiera mejoras en las condiciones salariales y de vida de los trabajadores.
Además, es llamativo que nunca se toquen los intereses de los empresarios, y siempre la “flexibilización” recaiga sobre el trabajador.
Desde FEDUN, exigimos que se deje sin efecto esta medida regresiva para el derecho laboral, y que dejen de atropellarse las instancias institucionales establecidas para este tipo de modificaciones.
