En las últimas semanas, dos hechos resonaron fuerte en la opinión pública e ilustraron con claridad las consecuencias de las políticas del gobierno nacional en el área de Ciencia y Técnica. O, acaso, sea más atinado hablar de lisa y llana desidia.
Los dos acontecimientos ocurrieron en torno al CONICET, una institución emblemática que oficia de epicentro del desarrollo científico-tecnológico de nuestro país.
El primero: una científica de ese organismo concursa en un programa de tv de preguntas y respuestas para financiar, con el premio, su proyecto de investigación. El segundo ocurre días después: la socióloga Dora Barrancos renuncia a su dirección en el área de Ciencias Sociales, en repudio al mar de irregularidades institucionales en el que naufraga el organismo.
Para quienes estamos siguiendo, y somos parte, el devenir caudaloso de reclamos formales y manifestaciones públicas que llevan adelante los científicos, investigadores y docentes desde hace casi tres años, los hechos anteriores evidencian que a la par de un recorte presupuestario paralizante, se manifiesta una crisis institucional que hace zozobrar una de las bases fundamentales del desarrollo de una nación.
No debería ser necesario, a estas alturas, tener que explicar que sin desarrollo científico, técnico y tecnológico, y sin la convicción de generar las condiciones adecuadas para que los científicos argentinos se desarrollen en nuestro país, no hay proyectos de Nación ni de sociedad desarrollada posibles.
Pero el gobierno de la alianza Cambiemos no parece entenderlo así. Desde su asunción, sumó, una tras otra, medidas de desfinanciamiento, subejecución y devaluación presupuestaria de los proyectos de investigación y de los centros científico-tecnológicos. Quizá la degradación a secretaría del ministerio de Ciencia y Tecnología haya sido el punto más resonante y simbólico.
Por otra parte, la comunidad científica no queda al margen de la impronta ideológica de la meritocracia y la lógica del mercado con que los equipos de “pensadores”, apoyados por los medios hegemónicos y los equipos de trolls sacuden a la opinión pública.
En este sentido, las consecuencias del desfinanciamiento, por un lado, y de la lógica meritocrática y de mercado, por el otro, generan un escenario de fuertes desigualdades entre quien consiguen financiamiento de grandes empresas y quienes no. Si la rentabilidad económica para las empresas multinacionales es el norte que persiguen las investigaciones, son las mismas empresas las que imponen las líneas de investigación, y se lesiona, así, la capacidad del Estado de generar condiciones de desarrollo autónomas. Se atenta, en definitiva, contra la soberanía.
Otro dato negativo, que tal vez sea el signo más grotesco del ajuste, es el recorte en el ingreso a la planta del CONICET de los científicos formados en el organismo: solo ingresó el 11 por ciento, en tanto que dos mil trabajadores calificados, formados en universidades públicas, se quedaron sin trabajo, y, probablemente sin su lugar de desarrollo en el país. El fantasma de la “fuga de cerebros” aparece en las sombras.
Desde la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), hacemos nuestra la causa de los científicos e investigadores en sus reclamos, porque entendemos que se trata de un problema de Estado. Se trata, sencilla y tristemente, de luchar contra quienes pretenden destruir la soberanía científico-tecnológica de nuestro país.
