El pasado 5 de octubre, se reunieron la Federación de Sindicatos de Docentes Universitarios de América del Sur (FESIDUAS), la Central de Educadores de América (CEA), la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas (CONTUA) y la Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios de Centro América, México y el Caribe (FESITRAUCAMC) con Pedro Hernán Henríquez Guajardo, director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) y Francisco Tamarit, Coordinador General de la CRES 2018, rumbo a la organización de la próxima reunión de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018).
Uno de los objetivos mas preciados de la CRES 2018, según palabras de Francisco Tamarit, es encontrar las formas de instrumentar en políticas de estado que la Educación Superior se conciba como un bien público, un Derecho Humano individual y universal, siendo indelegable la función del estado para cumplir dichas metas.
En tanto Pedro Henriquez-Guajardo, focalizó sobre la necesidad de incorporar a todos los actores participantes de la experiencia universitaria, en la construcción institucional, en la cual aclaró, siguen existiendo enormes asimetrías y grandes diferencias en las que hay que considerar en su tratamiento, además, los perfiles regionales para poder operar con esas realidades.
Estas organizaciones establecieron un borrador preliminar sobre las siguientes cuestiones a tratar en la próxima Conferencia Regional de Educación Superior:
- La EDUCACIÓN SUPERIOR constituye un BIEN PÚBLICO SOCIAL y un DERECHO para todos y todas; aporta significativamente a la construcción de una SOCIEDAD más JUSTA y SOLIDARIA, a la INTEGRACIÓN de nuestra Región multilingüe y pluricultural y a la DEMOCRATIZACIÓN del acceso al CONOCIMIENTO, a las CIENCIAS, a las ARTES y a las TECNOLOGÍAS. La pretendida MERCANTILIZACIÓN de la educación superior atenta contra el ejercicio de tal derecho y agravia la voluntad de las mayorías populares
- El ESTADO es el único GARANTE del ejercicio del derecho a la educación superior de todos y todas; sus políticas activas deben asegurar el ACCESO a la EDUCACIÓN SUPERIOR, acompañar el AVANCE progresivo de los estudiantes y promover y facilitar su EGRESO.
- La INCLUSIÓN en la educación superior debe ser una prioridad para las políticas educativas del ESTADO. La creación y el sostenimiento de instituciones en todo el TERRITORIO y la atención de las necesidades de los estudiantes debe constituir el eje fundamental de los programas y proyectos inclusivos. En especial, la GRATUIDAD de los estudios, las BECAS y los SUBSIDIOS para la asistencia, para la producción académica y para la graduación de los estudiantes y los SERVICIOS DE APOYO como bibliotecas, acceso al ciberespacio, traslados, comedores, etc., atienden dichas necesidades.
- El ESTADO debe asegurar la CALIDAD y la PERTINENCIA de la EDUCACIÓN SUPERIOR en sus instituciones, dotándolas de su INFRAESTRUCTURA y EQUIPAMIENTO, de los planteles de TRABAJADORES DOCENTES y NO DOCENTES de todas las áreas y disciplinas y de sus respectivas instancias de ACTUALIZACIÓN y CAPACITACIÓN PERMANENTES.
- Simultáneamente, el ESTADO debe controlar la CALIDAD y la PERTINENCIA de los servicios de educación superior desarrollados por EMPRESAS y otras ORGANIZACIONES PRIVADAS, evitando que se transformen en escenarios de LUCRO fundado en las necesidades de educación superior de los jóvenes y de EXPLOTACIÓN de los trabajadores docentes y no docentes.
- En tal sentido, los SALARIOS DIGNOS para los trabajadores universitarios y la concertación de condiciones laborales por medio de CONVENIOS COLECTIVOS aportarán significativamente al logro de los fines y objetivos de la educación superior en la Región.
- El ESTADO, la sociedad y los trabajadores universitarios RECHAZAN la MERCANTILIZACIÓN de la educación superior; no se trata de un MERCADO DE BIENES (titulaciones) y DE SERVICIOS (empresas e instituciones lucrativas) que compiten por atraer y lucrar con DEMANDAS INDIVIDUALES o SECTORIALES; por el contrario, constituye una poderosa herramienta al servicio de las MAYORÍAS POPULARES para el CRECIMIENTO, el DESARROLLO, la JUSTICIA y la EQUIDAD SOCIAL.
- En el marco de la GLOBALIZACIÓN, la educación superior debe preservar los marcos culturales NACIONALES y REGIONALES de los países de América Latina y el Caribe frente a procesos de INTERNACIONALIZACIÓN fundados y desarrollados a partir de intereses mercantilistas transnacionales y hegemónicos.
- Finalmente, en el marco regional de CRISIS de REPRESENTATIVIDAD y de AVASALLAMIENTO de las INSTITUCIONES de la DEMOCRACIA en la Región, la educación superior debe priorizar y fortalecer la formación en DERECHOS HUMANOS, CONVIVENCIA, TOLERANCIA y respeto por las MAYORÍAS y las MINORÍAS.
